La tensión que mantienen desde hace cinco años el gobierno argentino y el Grupo Clarín se agudizó esta semana con rumores sobre una intervención estatal en el multimedios y amenazas anónimas contra periodistas opositores.
Aunque dirigentes oficialistas ya negaron cualquier posibilidad de intervenir a la mayor empresa de medios de este país, la prensa que no simpatiza con la presidenta Cristina Fernández insiste en el “peligro” que corre la libertad de expresión en el país.
El temor denunciado es contradictorio, ya que desde hace años estos medios publican todo tipo de investigaciones, además de rumores, noticias con base en fuentes anónimas, información que luego es desmentida y hasta insultos en contra de la mandataria.
En medio de la pelea entre el gobierno y un poder económico y mediático, se han multiplicado las presiones de uno y otro bando contra los periodistas.
Tal fue el caso del columnista del multimedios, Julio Blanck, quien la víspera denunció que en las paredes frente a su casa alguien pintó los mensajes “Blanck golpista” y “Clarín das asco”.
La disputa tiene su origen en la ruptura del gobierno con el Grupo Clarín en 2008, en el marco de la crisis que Fernández enfrentó y perdió con las patronales del sector agropecuario.
Desde entonces, el multimedios se convirtió en opositor y, en marzo de 2009, la guerra fue total cuando la presidenta presentó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con el fin de democratizar el mercado mediático en Argentina dominado por Clarín.
Aunque la Ley fue aprobada en el Congreso, la empresa mantiene su hegemonía gracias a amparos judiciales que le permiten mantener sus cientos de canales de televisión, radios y medios escritos, en los que transmite un mensaje unánime de crítica al gobierno.
Para contrarrestar el discurso negativo, el gobierno comenzó a financiar con recursos públicos sus propios medios oficialistas, pero ninguno de ellos cuenta con el mismo impacto ni repercusión de la prensa opositora.
En esta pelea destaca la protección mediática que la prensa opositora le brinda al principal rival ideológico de Fernández, el derechista jefe de Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, a quien prácticamente jamás cuestionan.
Por eso es que dirigentes oficialistas calificaron como una “devolución de favores” el decreto que Macri firmó esta semana para “proteger la libertad de prensa” y evitar la intervención estatal en el Grupo Clarín.
Buenos Aires, 18 May (Notimex)