La Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo en la práctica faltan leyes reglamentarias para hacer efectivas esas garantías, aseguró el director de Pueblos Indígenas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Melquisedec González.
Al participar en el seminario sobre Cambio Climático y Conservación de Bosques, con su ponencia sobre interculturalidad y comunicación con pueblos indígenas, dijo que todavía hay resistencias de instituciones y funcionarios para reconocer las diferencias culturales con los pueblos originarios.
Ejemplificó que el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado está diluido en distintos instrumentos de diferentes niveles de gobierno, a veces hasta contradictorios entre sí, porque no hay una Ley Federal de Consulta que articule este esfuerzo.
De hecho, dijo, esta ley ya existe pero se quedó sin dictaminar en las cámaras, y mientras tanto, se realizan las consultas sin normas específicas y en general sin un funcionamiento adecuado.
Mencionó que en materia ambiental, se utilizan otros mecanismos para hacer valer los derechos de los pueblos indígenas, como la Ley de Amparo y la reforma al artículo primero constitucional en materia de derechos humanos, que otorga a los tratados internacionales rango similar a la propia Constitución y reconoce el principio pro persona.
El funcionario de la Semarnat destacó también que hay dificultades para el diálogo con las comunidades, debido a las diferencias lingüísticas y culturales, además de que a muchas comunidades suelen dársele informes parciales sobre los proyectos ambientales.
Aunque hay un avance importante en materia de certificación de intérpretes a lenguas autóctonas por parte del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el reto es enorme, por la gran diversidad lingüística del país.
El mismo zapoteco, Melquisedec González explicó que en el caso de su lengua hay hasta 69 variantes que pueden ser tan distintas como el español respecto del francés, y alrededor de 40 que no son comprensibles entre sí, lo cual habla de la dimensión del reto.
En todo caso, es necesario que las autoridades comprendan esas diferencias culturales antes de presentar proyectos ambientales en donde estén involucradas las comunidades, pues de lo contrario no funcionarán.
Confió en que pronto se aprueben las leyes reglamentarias del artículo segundo constitucional para que los indígenas gocen efectivamente de sus derechos y puedan establecer un diálogo horizontal con el resto de la sociedad.
México, 3 Jul. (Notimex)