Tres empleados de una funeraria fueron acusados de los delitos de inhumación, exhumación e irrespeto a cadáveres porque presuntamente cambiaron o fueron cómplices del cambio de los restos de dos mujeres encontradas en el Valle de Juárez.
En julio pasado, las madres de las jóvenes Yanira Frayre Jáquez y Jessica Leticia Peña García recibieron los restos cambiados de sus hijas. Al enterarse, culparon a la Fiscalía Zona Norte e interpusieron una denuncia contra quien resultara responsable.
La dependencia fincó cargos a la funeraria Perches de Ciudad Juárez, ya que presuntamente sus trabajadores son los responsables del cambio.
La agrupación Justicia para Nuestras Hijas, como coadyuvante del caso, interpuso otra demanda el lunes 16 porque luego de iniciar el proceso contra los empleados, la madre de Jessica Leticia Peña García recibió de nuevo otros restos que no son los de su hija sino de una joven de Durango.
Esta última denuncia es contra quien resulte responsable y aún no es consignada ante un juez, informó Norma Ledezma Ortega, coordinadora de la organización.
En el caso de los empleados de la funeraria, la juez determinó que hay elementos necesarios para procesarlos, por lo que ordenó, como medida cautelar, la prohibición de que salgan de la ciudad y que acudan a firmar cada quincena.
De no cumplir con esa medida, la juez Rocío González Lara les fijará prisión preventiva para evitar que evadan la justicia.
Los tres acusados son el encargado de la funeraria, Carlos Rodríguez Gutiérrez; Susana Pérez Hernández, supervisora de la empresa y Raymundo Cuéllar.
Los hechos presuntamente sucedieron el 11 de julio aproximadamente a las 14:00 horas, cuando Rodríguez Gutiérrez destruyó los restos de Yanira Frayre Jáquez en los hornos de cremación de la funeraria sin tener autorización del juez del Registro Civil ni de la Fiscalía.
De acuerdo con el fiscal, los otros dos empleados se encontraban en la funeraria cuando sucedieron los hechos, específicamente en la capilla Jardines.
Los tres se dieron cuenta de que se habían confundido los restos y no dieron aviso a la familia ni a las autoridades. Luego ordenaron colocar en un ataúd sellado otros restos óseos para que los entregaran a la familia y que no lo pudieran abrir.
La audiencia de vinculación a proceso, donde se determinará su situación jurídica, fue programada para el 25 de septiembre a las 12:00 horas.
El defensor de los acusados informó que pagaron a las familias 100 mil y 70 mil pesos.
Fuente: Proceso