Detenido de la cárcel de Guantánamo, Abdel Malik Ahmed Abdel Wahab al-Rahabi esperó largamente el momento de su comparecencia ante un consejo militar, el martes. Como para otros 70 de los más de 150 prisioneros que permanecen en el centro de detención estadounidense en Cuba, de esa audiencia depende su futuro.
La audiencia parcialmente pública determinará si su estatus de «combatiente enemigo» puede ser modificado, lo que abriría el camino a su libertad.
Es un signo esperanzador para los reclusos: por primera vez, Al-Rahabi y otros podrán decir lo que piensan. Decir por qué consideran que deben ser liberados.
Por primera vez también desde que el presidente Barack Obama llegó a la Casa Blanca la audiencia ha sido abierta para los periodistas. Y hay más procesos parecidos planeados para el futuro próximo.
También es un recordatorio del cuestionado estado de situación en Guantánamo: aunque muchos de los detenidos tienen aprobada su liberación, todavía permanecen tras las rejas. Otros deberían haber sido procesados, pero probablemente no lo serán nunca y su estatus legal difícilmente vaya a cambiar.
El presidente Obama, sin embargo, repitió su promesa para Guantánamo: en el discurso del Estado de la Unión, el martes, aseguró que en 2014 debería finalmente cerrarse la prisión en la isla, mientras Washington reduce su papel militar en Afganistán y busca -al decir del mandatario- alejarse de una «postura de guerra permanente».
«Este debe ser el año en que el Congreso levante las restricciones restantes sobre la transferencia de detenidos y en que cerremos la prisión en Bahía de Guantánamo», dijo Obama, que ya había prometido clausurar la base en 2009.
Lleva sin lograrlo los cinco años que han pasado desde que asumió su mandato.
En suspenso
En 2013, el Congreso estadounidense abrió el camino para que los reos sean transferidos a sus países de origen, lo que dejó a Obama en una mejor posición para reducir la población en la cuestionada cárcel de alta seguridad, que funciona en la Base de la Armada de Estados Unidos en Cuba.
Pero, en su alocución de esta semana, Obama no ofreció ninguna definición sobre cómo pretende sacar a los 155 prisioneros que se calcula quedan allí.
Fueron capturados en el exterior, acusados de terrorismo después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, y desde entonces permanecen detenidos sin juicio.
Cuando detuvieron a Al-Rahabi, hace 12 años, las autoridades estadounidenses señalaron que el hombre había sido empleado como guardaespaldas de Osama bin Laden. Lo apresaron las fuerzas de seguridad paquistaníes en las montañas de Tora Bora y lo enviaron a Guantánamo sin más.
Ahora, para la audiencia Al-Rahabi se presenta ante un cuerpo de seis miembros, el llamado Consejo de Revisión Periódica, que se estableció hace dos años con el fin de acelerar los procesos.
Pero no lo hace cara a cara: mientras el reo está en territorio cubano, los integrantes del Consejo se hallan en Arlington, en el estado de Virginia, según confirma un portavoz del Pentágono. Lo miran a través de una conexión remota de video.
Los periodistas, en tanto, observan desde otro edificio en Arlington, separados de los miembros del comité que evaluarán el caso.
Traslados en suspenso
Cuando la mayoría de los prisioneros se declaró en huelga de hambre, las autoridades decidieron alimentarlos a la fuerza, una medida duramente cuestionada fuera del entorno carcelario.
El resultado del proceso queda abierto: quizá Al-Rahabi sea exonerado de los cargos. Para otros, el futuro es más incierto.
Al estar fuera del territorio estadounidense, algunos de los derechos que asegura la Constitución estadounidense para personas privadas de su libertad no tienen vigencia, como la presunción de inocencia o el acceso a un juicio justo.
En reemplazo de este último, desde el otoño se llevan adelante las comparecencias ante el Consejo de Revisión Periódica, un cuerpo creado por Washington para analizar los casos de aquellos que ya no parecen representar un riesgo para la seguridad nacional.
Mahmoud Abd al Aziz Abd al Mujahid, de 36 años, se presentó ante el cuerpo de funcionarios antes que Al-Rahabi. Se lo señalaba por trabajar para la red al-Qaeda, pero nunca tuvo cargos en su contra por algún delito específico.
Aunque se recomendó su traslado, todavía está en Guantánamo: Yemen, su país, es considerado demasiado inestable para iniciar una repatriación y, hasta ahora, ningún otro país se ha ofrecido a recibirlo.
A la fecha, 77 prisioneros de Guantánamo han recibido el visto bueno para ser reubicados, según las estadísticas de la Universidad Fordham, con sede en Nueva York.
La mayoría, como Mujahid, son yemeníes.
Otra categoría
«Esta comisión se mueve lenta pero metódicamente hacia los juicios» – Mark Martins, fiscal en jefe y brigadier general de las Fuerzas Armadas de EE.UU.
Otros reclusos, 45 en total y procedentes de Arabia Saudita, están en una categoría legal diferente: se los considera en estado de detención «indefinida»: en «un limbo», según lo describe a la BBC el académico Mark Denbeaux, profesor de Leyes de la Universidad Seton Hall.
Pero éstos sí tienen derecho a comparecer frente al Consejo y, mediante este proceso, podrían ser declarados libres de cargos.
Si los casos son rechazados por el organismo, los detenidos no pueden apelar las decisiones, pero el sistema permite que se organice una nueva audiencia dentro de los tres años.
Luego, en un tercer grupo, hay otros 31 detenidos que, según las autoridades, han sido declarados elegibles para ser procesados.
Uno de ellos es Khalid Sheikh Mohammed, acusado de planear los ataques del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas en Nueva York y la sede del Pentágono en Washington.
Otros son los llamados «detenidos de alto valor», como Walid bin Attash, Ammar al-Baluchi, Ramzi Binalshibh y Mustafa Ahmed al-Hawsawi, señalados como cómplices en la organización de los atentados.
Se supone que ellos serán juzgados por el tribunal militar, bajo cargos de crímenes de guerra.
«Esta comisión se mueve lenta pero metódicamente hacia los juicios», afirmó Mark Martins, fiscal en jefe y brigadier general de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en declaraciones al periódico Financial Times.
En 2002, el FBI difundió una imagen de Ramzi Binalshibh, ahora uno de losdetenidos de Guantánamo.
«Técnicas mejoradas» para interrogatorios
El resto de los detenidos difícilmente acceda a un procesamiento judicial.
Entre ellos destaca Abu Zubaydah, señalado en 2002 por las autoridades estadounidenses como una figura clave de la red al-Qaeda.
Al hombre lo mantuvieron preso en una dependencia secreta de la Central de Inteligencia Estadounidense (CIA).
Los funcionarios a cargo crearon un programa especialmente diseñado para él, llamado «Técnicas Mejoradas para el Interrogatorio», según le dice a la BBC John Rizzo, un exabogado de la CIA.
Zubaydah es ahora el prisionero número 10016 en Camp 7, una pequeña prisión de extrema seguridad que permanece aislada del mundo. Ni siquiera los abogados pueden visitarlo.
Y nunca se han presentado cargos formales en su contra.
«Nunca será procesado», dice su representante legal, Joseph Margulies. Hace algunos años las autoridades lo juzgaron mal, sugiere el abogado, y como consecuencia lo sometieron al más estricto de los programas.
«Esa promesa de cambio se ha convertido en un fracaso de derechos humanos que amenaza con opacar el legado de Obama, tal como lo hizo con el de su predecesor» – Erika Guevara Rosas, directora del Programa de las Américas de Amnistía Internacional
«Es una vergüenza. (Su caso) echa sombras sobre todo el programa. Han tomado a un tigre por la cola y ahora no saben qué hacer con él», agrega Margulies.
Doble moral
La del abogado no es la única voz que se levanta contra el estado de situación en Guantánamo.
La organización Amnistía Internacional reclama que la demora en definir la situación de los detenidos es una prueba del «doble discurso de Estados Unidos en materia de derechos humanos».
«El 22 de enero de 2009, el presidente Obama dijo que ordenar el cierre de Guantánamo sería una de las primeras decisiones que tomaría al llegar al poder», reclama Erika Guevara Rosas, directora del Programa de las Américas de la organización.
«Cinco años más tarde, esa promesa de cambio se ha convertido en un fracaso de derechos humanos que amenaza con opacar el legado de Obama, tal como lo hizo con el de su predecesor», opina la representante de Amnistía, en alusión al expresidente estadounidense George W. Bush.
Según las estadísticas, de los casi 800 detenidos que han pasado por la cárcel de Guantánamo, menos de 1% ha sido condenado por la comisión militar.