La decisión de descriminalizar y legalizar la marihuana, aprobada en varios estados de Estados Unidos, fue recibida por muchos como una señal de que la mentada «guerra contra las drogas» está llegando a su fin. Pero, ¿qué pasará con aquellos que han sido condenados por delitos que ya no son tal?
¿Serán perdonados los que fueron sentenciados por cultivo y venta de cannabis en el pasado? ¿Se limpiarán los historiales policiales de los otrora delincuentes?
Son meses prósperos para el negocio de la droga en los dos territorios estadounidenses que la han vuelto de consumo legal: los negocios han surgido de a decenas en Colorado donde, por primera vez, la gente puede comprar marihuana para fumársela por puro placer. Y en el estado de Washington, las tiendas comenzarán a operar en unos meses.
Otros estados probablemente seguirán por el mismo camino, mientras las autoridades aprovechan esta nueva fuente de ingresos impositivos surgida de las políticas de liberalización del consumo que, tal como ha quedado demostrado, gozan de amplio apoyo popular.
Pero, mientras la reforma se acelera, una cuestión ha sido dejada de lado: el destino de aquellos que han sido arrestados en el pasado por delitos vinculados al cannabis.
Cada año, durante más de tres décadas, en Estados Unidos se han registrado decenas de miles de arrestos por causa de la marihuana.
Según los activistas, decenas de miles de esos detenidos -acusados de cultivar, vender y traficar la droga- permanecen tras las rejas. Por caso, hay al menos 12 hombres con condenas perpetuas sin derecho a fianza en prisiones federales por ofensas no violentas relacionadas con la marihuana.
«Irreconciliables» con la ley y la opinión
«Los empleadores realizan verificaciones de seguridad (de potenciales empleados) y en muchos casos no distinguen entre un arresto y una condena por delitos de drogas» – Marc Mauer, organización «Sentencing Project» por la reforma del sistema de condenas
En una petición de clemencia para cinco de esos hombres, el abogado Michael Kennedy, residente en Nueva York y director de la revista especializada en cannabis High Times, argumentó que las sentencias se han vuelto «irreconciliables con nuestro actual sentido de equidad básica y justicia».
Eso ocurre, señaló Kennedy, porque ha cambiado la percepción sobre la conveniencia de imponer castigos extremadamente prolongados y porque también se ha modificado el sistema de creencias sobre los «beneficios de la marihuana y su potencial efecto dañino».
Incluso aquellos que no fueron condenados sino solamente arrestados por posesión de marihuana –en cantidades que ahora son legales en Washington o Colorado- tienen una mancha negra en su legajo policial que puede causarles problemas cuando postulan para un empleo, un alquiler de una casa o un préstamo estudiantil.
«Los empleadores realizan verificaciones de seguridad (de potenciales empleados) y en muchos casos no distinguen entre un arresto y una condena», señala Marc Mauer, de la organización Sentencing Project, que hace campaña por una reforma en el sistema de condenas.
«A los ojos de muchos empleadores, cualquier contacto con el sistema de justicia criminal es esencialmente un obstáculo para un candidato», apunta Mauer, quien considera que el sistema genera también «profundas disparidades raciales».
¿Nuevo comienzo?
El número de arrestos por posesión de marihuana en los estados de Colorado y Washington se estima en unos 450.000 en el período que va de 1986 a 2010.
Ahora, con las nuevas leyes, los abogados revelan que los ciudadanos están comenzando a preguntar por la anulación de las condenas por delitos menores vinculados a la marihuana, o al menos por la remoción de estas condenas de los historiales policiales.
Muchos aún no se han dado cuenta de que apelar dichas sentencias es ahora posible.
En el estado de Washington, el legislador demócrata Joe Fitzgibbon impulsó un proyecto de ley, el año pasado, para hacer más fácil y veloz ese proceso. La propuesta no pasó del comité inicial, pero espera tener mejor suerte este año después de que «el polvo revuelto se haya asentado» tras los cambios en la legislación.
«Pensé que era la oportunidad correcta para darle a alguien un nuevo comienzo», señala Fitzgibbon.
«Son delitos que la gente ya no cree que deban ser tratados como tales y, en mi opinión, hay miles de personas que merecen una segunda oportunidad».
Una campaña a la vez
Algunas organizaciones civiles y grupos activistas han evitado hasta ahora hacer campaña para que la despenalización se aplique de manera retroactiva, porque no han querido arriesgar la reforma de fondo que estaban persiguiendo.
Una iniciativa en Alaska, de 2000, parece haber fracasado al menos en parte porque preveía otorgar una amnistía a aquellos que habían sido condenados en el pasado (y contemplaba incluso darles una compensación).
«Hemos tratado de mantenernos fuera de esa discusión», confirma Allen St Pierre, director ejecutivo de NORML, un grupo por la reforma de la legislación sobre la marihuana .
«La moral desde nuestro punto de vista es clara. Pero el pragmatismo político es difícil de abrazar», opina el activista.
El cultivo de marihuana en Colorado debe cumplir con controles establecidos por la nueva legislación, tales como colocar un registro único a cada planta.
Esta renuencia se da en un contexto de décadas de aumento sostenido en las tasas de arrestos y encarcelamientos por delitos de drogas, con políticas de «mano dura» contra estos crímenes adoptadas tanto por la derecha como por la izquierda estadounidense.
En la mayoría de los países, las sentencias se hubiera reducido a la luz de los cambios en la legislación… pero no en Estados Unidos.
Un informe de la Universidad de San Francisco halló que Estados Unidos es sólo uno de 22 países –entre 193 revisados- que no otorgó algún tipo de alivio automático tras la entrada en vigor de leyes menos estrictas.
El caso del crack
A nivel estatal, algunas pocas modificaciones de las duras sentencias por delitos de drogas se han hecho de manera retroactiva.
A nivel federal, en tanto, ha habido intentos de revisar condenas por un tipo de droga específica, el crack, porque éstas han sido particularmente sesgadas en el pasado (basándose en una norma antidrogas de 1986) y han afectado mayormente a sectores pobres de la sociedad y a minorías raciales.
«Fue absolutamente devastador para la comunidad afroamericana», detalla Mary Price, del grupo activista Families Against Mandatory Minimums (Familias contra Mínimos Obligatorios).
Según dice, hubo «toda una generación de niños que fue a prisión por períodos larguísimos; muchos de ellos todavía están cumpliendo esas sentencias».
El duro régimen de castigos por venta y tráfico de crack ha sido reformado dos veces, primero por nuevos lineamientos de la Comisión de Sentencias Estadounidense en 2007 y de nuevo en 2010 bajo la Ley de Sentencia Justa.
Esos cambios han hecho que las condenas de cárcel de miles de personas se acortaran por varios años.
Stephanie Nodd, de 46 años, es una de las que se benefició con una salida anticipada de prisión en 2011.
En 1990, esta mujer del estado sureño de Alabama había sido sentenciada a 30 años por ayudar a un dealer de crack con sus ventas.
«Pensé que mi vida se había acabado. No podía creer que, siendo mi primera falta, me dieran 30 años de pena», apunta Nodd.
En Colorado, hubo colas en los primeros días de venta legal en dispensarios.
Reforma en marcha
Aunque a ella no le encontraron drogas encima, dice que a su compañero de casa le dieron 11 años –menos de la mitad de su sentencia- cuando lo hallaron con 500 kilos de polvo de cocaína en su poder.
Las reformas al mínimo obligatorio en las sentencias relacionadas con el crack no se aplican retroactivamente hasta ahora, pero eso podría cambiar mediante un proyecto legislativo, conocido como la Ley de Sentencia Inteligente, que se encuentra por estos días en debate en el Senado estadounidense.
«Pensé que mi vida se había acabado. No podía creer que, siendo mi primera falta, me dieran 30 años de pena» – Stephanie Nodd, condenada por delitos de drogas
De aprobarse, la norma reduciría la condena mínima para todos los delitos de drogas. También daría un alivio retroactivo a unos 8.800 sentenciados por tráfico de crack, con una reducción promedio de las penas de cuatro años y medio.
En diciembre, el presidente Barack Obama dio su apoyo público a estos cambios al conmutar las sentencias de ocho personas condenadas por ofensas vinculadas al crack, señalando que existía «una disparidad en la ley que ahora se reconoce como injusta».
Ello ocurrió después de los intentos del fiscal general, Eric Holder, por enviar menos individuos a prisión por delitos menores vinculados a las drogas.
En el marco de la preocupación que existe entre las autoridades por los costos de mantener a un número creciente de reos en las sobrepobladas prisiones estadounidenses, la reforma de las condenas por delitos de drogas ha generado interés tanto entre los demócratas como entre los republicanos.
«Es extraordinario, tenemos a los conservadores peleando por esto. Creo que ha habido, especialmente entre conservadores que antes no habían dado apoyo al tema, un reconocimiento de que se está empleando el dinero de los contribuyentes de un modo poco inteligente cuando se trata de condenar delitos por drogas», opina la activista Mary Price.