“Atrocidades incontables”, entre las cuales figuran tortura, violencia sexual y represión política grave son algunas de las violaciones sistemáticas por parte del Estado que encontró la ONU en Corea del Norte.
Naciones Unidas publicó el lunes un extenso informe realizado por un panel de expertos comisionado por el Consejo de Derechos Humanos de la oganización, el cual concluyó que el gobierno de Corea del Norte ha cometido crímenes contra la humanidad a través de la inanición y el exterminio, además de otros delitos como el secuestro de personas en Corea del Sur y Japón.
“La comisión considera que violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos humanos han sido y están siendo cometidas por la República Popular Democrática de Corea. En muchos casos, las violaciones encontradas implicaban crímenes contra la humanidad sobre la base de las políticas de Estado”, aseguró el informe de 36 páginas, que se complementa con otro documento que detalla los testimonios relatados a la comisión en 372 páginas.
Como parte de sus investigaciones, la Comisión escuchó a más de 80 víctimas y otros testigos en Seúl, Tokio, Londres y Washington. La comisión buscó la cooperación de la cúpula norcoreana en su investigación, sin obtener respuesta positiva.
La corresponsal en Ginebra, Imogen Foulkes, dice que el informe es uno de los más detallados y devastadores publicado por Naciones Unidas.
Torturas y ejecuciones
Método de tortura conocido como “paloma”. Dibujo entregado por un testigo a la comisión investigadora de la ONU.
“El uso de la tortura es una característica establecida del proceso de interrogación en la República Popular Democrática de Corea, especialmente en casos de delitos políticos”, asegura el documento.
“El hambre y otras condiciones inhumanas de detención se imponen deliberadamente a los sospechosos para aumentar la presión sobre ellos para que confiesen o incriminen a otras personas”.
El testigo Kim Gwang Il le describió a la comisión cómo los policías lo interrogaban forzándolo a la posición de “tortura paloma”. En esta posición expuesta, su pecho fue golpeado hasta que vomitó sangre.
Además, fue sometido a la “tortura motocicleta” y “tortura avión”, donde se vio obligado a asumir posiciones de estrés extremadamente dolorosas que implican la extensión prolongada de sus brazos hasta el agotamiento y posterior desplome.
Cuando no estaban siendo interrogados, los detenidos debían permanecer todo el día en su celda arrodillados, con la cabeza en el suelo, relató Kim quien, tras varias sesiones de tortura, confesó falsamente los delitos de los que lo acusaban.
Las autoridades norcoreanas realizan ejecuciones como política de Estado, con o sin juicio, en público o en secreto, en respuesta a los que se consideran los delitos más graves, la mayoría de ellos, políticos.
“La política de llevar a cabo ejecuciones públicas regularmente sirve para infundir miedo en la población general”, señala el informe.
Las ejecuciones públicas eran más comunes en la década de 1990. Sin embargo, siguen realizándose hoy y a finales de 2013 parece haber un aumento en el número de ejecuciones públicas por motivos políticos, según establece la ONU.
Campos de prisioneros
La “balanza”, el “avión” y la “motocicleta” son métodos de tortura utilizados en las interrogaciones.
Las personas que son culpables de haber participado en los principales delitos políticos son “desaparecidos”, sin juicio ni orden judicial y enviados a los campos de prisioneros políticos, conocidos como kwanliso.
En 2008, los agentes del Departamento de Seguridad del Estado detuvieron a un joven de 20 años en el condado de Hoeryoung, según le relató a la comisión su padre.
El “delito” de la víctima era haberse convertido al cristianismo y había estado en contacto con un pastor coreano-estadounidense en China.
Sus captores no presentaron orden judicial y amenazaron a la madre de la víctima de que no debía preguntar quiénes eran y dónde estaban llevando a su hijo.
Dos años más tarde, la familia se enteró por un contacto dentro del Departamento de Seguridad del Estado que su hijo había sido interrogado durante seis meses por y que finalmente fue enviado, sin juicio, a un campo de prisioneros.
La ONU calcula que entre 80.000 y 120.000 presos políticos se encuentran detenidos actualmente en cuatro grandes campos de prisioneros políticos.
Allí son encarcelados e incomunicados y forzados a un régimen de inanición deliberada, trabajos forzados, ejecuciones, tortura, violación y negación de sus derechos reproductivos a través del aborto forzado y el infanticidio.
Uno de los casos retratados en el informe es el de una testigo embarazada, enviada al Campo de Prisioneros Políticos 18.
Hacia el final de su embarazo, la mujer fue pateada por un guardia para desencadenar un parto prematuro. Cuando el niño nació, los guardias la golpearon hasta que lograron separarla del bebé. Ella perdió el conocimiento y cuando despertó encontró a su bebé muerto.
El cuerpo fue puesto con otros cadáveres en un almacén, hasta que hubiese suficientes cadáveres acumulados para depositarlos en una sola tumba.
A pesar del dolor y la hemorragia, la mujer fue obligada a trabajar al día siguiente y terminó siendo nuevamente golpeada por no poder mantenerse al día con su cuota de trabajo.
La comisión estima que cientos de miles de presos políticos han muerto en estos campos en los últimos cinco decenios. Muchas veces sus familias les pierden el rastro tras su detención.
Aunque las autoridades norcoreanas niegan la existencia de los campos, las imágenes de satélite, así como los múltiples testimonios de expresos o testigos demuestran que el sistema sigue en funcionamiento.
Control de la información
“La comisión considera que existe una negación casi total del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como de los derechos a la libertad de opinión, expresión, información y asociación”, asegura el reporte de Naciones Unidas.
Los medios de comunicación controlados por el Estado son la única fuente autorizada de información y a los ciudadanos se les niega el derecho a tener acceso a la información de fuentes independientes.
Las llamadas telefónicas son supervisadas y todo el contenido multimedia está fuertemente censurado y debe adherirse a las directrices emanadas por el Partido de los Trabajadores de Corea.
El acceso a la televisión y a la radio y a Internet está severamente restringido y los ciudadanos que desafíen los límites autorizados son severamente castigados, incluso por ver o escuchar emisoras extranjeras.
Un caso emblemático fue el de una mujer que en 2010 fue públicamente ejecutada en Hamhung por vender películas y telenovelas producidas en Corea del Sur.
Discriminación y desigualdad
El culto a personalidades de la dinastía Kim es una costumbre bastante frecuente en Corea del Norte.
La sociedad norcoreana “es una sociedad estratificada rígidamente, con patrones arraigados de discriminación”, según evalúa el informe.
La discriminación tiene sus raíces en el sistema songbun, que clasifica a las personas en función de la clase social asignada por el Estado y dónde nacieron, y también incluye la consideración de opiniones políticas y religión.
Un exalto funcionario le explicó a la comisión que él se enteró de su songbun cuando tenía unos 10 años, ya que había un certificado en su casa sobre la participación de su abuelo en la Guerra de Corea. Su familia le dijo que no jugara ni se juntara con niños que estuvieran en un nivel inferior. El hombre creció creyendo que un alto songbun significaba estar más cerca de la familia Kim.
Uno de los testigos que declararon en la comisión, que había nacido en Japón, señaló que si una persona tenía un problema con su songbun, quedaría automáticamente impedida de viajar al extranjero.
En Corea del Norte es el Estado el que decide dónde deben vivir y trabajar los ciudadanos. Además, éste impone una prohibición casi absoluta a los ciudadanos comunes para viajar a otros países.
La única forma autorizada de que un norcoreano salga de sus fronteras es que cuente con una firma del Departamento de Seguridad del Estado.
Sin embargo, según el relato del testigo, los oficiales no le otorgan permiso a ciudadanos comunes, ya que si la persona no vuelve será el oficial quien pague las consecuencias ante el estado.
Y según varios otros testimonios, es muy difícil que el gobierno permita a los ciudadanos comunes que viven fuera de la capital poder visitarla.
En un intento de mantener la imagen “pura” y no contaminada de Pyongyang, el Estado hace desaparecer sistemáticamente de la capital a familias enteras, si un miembro de la familia comete lo que se considera un delito grave o mal político.
En otro ámbito, la discriminación contra las mujeres sigue siendo generalizada en todos los aspectos de la sociedad, incluso podría estar aumentando en un país completamente controlado por el aparato estatal, dominado por hombres.
En el ámbito político, las mujeres representan sólo el 5% de la cúpula y un 10% de los empleados del gobierno central.
Muertos de hambre, literalmente
Según el documento publicado por la ONU, en Corea del Norte el Estado “ha utilizado la comida como un medio de control sobre la población”.
Así, se ha dado prioridad a aquellos a los que las autoridades creen que son cruciales en el mantenimiento del régimen por sobre los que se consideran prescindibles.
Las historias son aún más extremas dentro de los campos de prisioneros, donde se utiliza la comida como “premio” para la delación.
Shin Dong Hyuk tenía 13 años cuando reportó una conversación entre su madre y hermano sobre escapar del campo de prisioneros donde estaban. Como resultado, Shin debió presenciar la ejecución pública de sus familiares.
“Le pedí al supervisor que me recompensara, que me diera una galleta completa o arroz seco para llenar un poco el estómago. Me prometieron una recompensa y por eso les informé acerca del plan”.
Los perpetradores
El actual líder, Kim Jong-un, asumió el poder al morir su padre, en diciembre de 2011.
Según el informe, “los principales autores [de los crímenes contra la humanidad] son funcionarios del Departamento de Seguridad del Estado, del Ministerio de Seguridad del Pueblo, del Ejército Popular de Corea, de la Oficina del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), que están actuando bajo el control efectivo de los órganos centrales del PTC, la Comisión Nacional de Defensa y el Líder Supremo”, señala el informe de la ONU.
Incluso los miembros de más alto rango tienen ciertas facultades especiales.
Uno de los testigos relató que los miembros de alto rango del Departamento de Seguridad del Estado podían abiertamente abusar sexualmente de las reclusas, siempre y cuando las mujeres no quedan embarazadas.
En los casos de embarazo, el funcionario era destituido y las mujeres, enviadas a trabajos forzados o simplemente ejecutadas.
En una ocasión, el comandante de su unidad violó a una mujer, que concibió y dio a luz a un bebé. La madre y su hijo fueron llevados al bloque de detención y castigo, donde el bebé fue arrojado en el recipiente de alimentación para los perros.
Michael Kirby, jefe de la comisión que redactó el informe, aseguró que las responsabilidades podrían llegar incluso al líder supremo Kim Joung Un, quien podría enfrentar a la justicia como la máxima autoridad del país.
El futuro de las denuncias
El jefe de la comisión, Michael Kirby, durante el lanzamiento del informe el lunes en Ginebra.
La investigación concluye que las denuncias recibidas ameritan una investigación penal.
“El Consejo de Seguridad deberá remitir la situación en la República Popular Democrática de Corea al Tribunal Penal Internacional para su intervención, de acuerdo con la jurisdicción de ese tribunal”.
“El Consejo de Seguridad debe también adoptar sanciones específicas contra quienes resulten responsables de los crímenes contra la humanidad”.
“No es nuestra intención ni nuestro trabajo apuntar a los culpables”, aclaró Kirby al presentar el documento. Sin embargo aclaró que los antecedentes serán entregados a los organismos pertinentes.
Sin embargo, China, uno de los principales aliados del gobierno norcoreano, probablemente utilice su posición como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear cualquier intento de someter a Corea del Norte a la Corte Penal Internacional.
(BBC)