El Parlamento de Cuba aprobó una nueva Ley de Inversión Extranjera que aceptará capitales en todos los sectores, con excepción de la salud, educación y las instituciones armadas, salvo en sus sistemas empresariales.
La televisión estatal dijo este sábado que la normativa, que reemplaza a la Ley 77 de 1995, permitirá acceder a capital externo, tecnologías y nuevos mercados, así como insertar productos y servicios nacionales en cadenas internacionales.
La nueva ley quedó aprobada en presencia del presidente cubano, Raúl Castro, quien impulsa un plan de reformas con mecanismos de mercado para “actualizar” el agotado modelo socialista vigente de economía centralizada de corte soviético.
En la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional (Parlamento), sin acceso para la prensa extranjera, se informó que este será “un marco legal adecuado” que ofrece mayores incentivos a la inversión foránea, entre ellas exenciones tributarias.
El vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo, dijo en la sesión que Cuba necesita de dos mil a dos mil 500 millones de dólares anuales de inversión extranjera directa (IED) para llevar adelante su modelo socioeconómico socialista, “próspero y sustentable”.
Al defender ese instrumento ante los más de 600 diputados, reconoció que durante la última década la tasa de crecimiento promedio de la isla es de 1.8 por ciento y la de acumulación (inversiones) 13 por ciento, inferiores a los del conjunto de América Latina.
Ello indica la necesidad de acceder al capital foráneo, insistió y recordó que para este año el plan de crecimiento de la isla es de 2.2 por ciento, lo cual subraya que, si bien la economía crece, lo hace a un ritmo que retarda el desarrollo.
Según Murillo, la economía nacional precisa de un ritmo anual de entre 5.0 y 7.0 por ciento, y para conseguirlo se hace necesario alcanzar tasas de acumulación del 20-25 por ciento, mediante créditos e inversión extranjera directa.
El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, prometió que las propiedades del capital foráneo gozarán de plena protección y no podrán ser expropiados salvo en caso de “motivos de utilidad pública o interés social previamente declarados por el Consejo de Ministros” y con la “debida indemnización”.
Explicó que la ley de IED garantiza la transferencia al exterior de las utilidades en moneda libremente convertible y será orientada a sectores prioritarios como el agrícola y forestal, comercio mayorista, industrias, turismo, construcción, energía y minas y transporte, entre otros.
El texto sostiene que se garantizará la protección y el uso racional de los recursos humanos y naturales y el respeto a la soberanía e independencia nacionales, señalaron los medios locales de comunicación, todos bajo control del Estado.
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