La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que reforma la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con el fin de que el acceso a la justicia sea real y efectivo para estas comunidades.

Ello a partir de la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas, nacionales y español.

El documento reforma la fracción XI del Artículo 13 de esa ley a fin de establecer la obligación del Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, de proteger los derechos humanos, la identidad cultural y lingüística de los pueblos y las comunidades indígenas.

La iniciativa, presentada el 30 de abril de 2012 por el entonces diputado panista Édgar Chaire Chavero de la pasada Legislatura, señaló que México es un país con una vasta población indígena, con unos 62 grupos etnolingüísticos que representan más de la décima parte de la población mexicana.

En su argumentación abundó que de acuerdo con el censo poblacional 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 15.7 millones de personas se consideran indígenas mientras que seis millones 913 mil 362 mexicanos de tres años y más hablan alguna lengua indígena, sobre todo maya, náhuatl, zapoteco o mixteco.

Advirtió que los indígenas siguen siendo discriminados al momento de acceder a la jurisdicción del Estado porque los juicios en que se ven involucrados están, con frecuencia, plagados de irregularidades por la falta de intérpretes y defensores capacitados, y porque Ministerio Público y jueces ignoran sus costumbres jurídicas.

En ese entonces destacó también que en el documento se recuerda que en febrero de 2012, el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial presentó al gobierno de México recomendaciones en la materia.

Al fijar la postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado Carlos Castellanos Mijares expuso que esta propuesta es acertada y debe ser apoyada por todos los legisladores.

[sws_blockquote_endquote align=”” cite=”” quotestyle=”style02″]No podemos hablar de justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde si no entendemos el principio de equidad, que es que a cada quien hay que tratarlo de la manera en que sus propios medios lo permitan, es decir, dar a cada quien lo que le corresponde y dar un justo trato, igual a los iguales y desigual a los desiguales, [/sws_blockquote_endquote]  agregó.

En su oportunidad la representante de Nueva Alianza, Sonia Rincón Chanona, abundó que un elemento muy importante que distingue y les da identidad a pueblos y comunidades indígenas es la lengua con la que se comunican.

La razón es que plantea como objetivo establecer en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas la obligación del Estado de apoyar la formación y acreditación profesional tanto de defensores públicos, como de intérpretes traductores.

También contempla el ejercicio de ciertos derechos sustantivos y procesales necesarios para que una persona indígena, teniendo en cuenta su situación particular de extrema pobreza, marginación y el contexto cultural distinto en el que se desarrolla, pueda acceder en condiciones de igualdad a la justicia.

México, 14 Mar. (Notimex)