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Los padres adoptivos de un niño nacido con órganos masculinos y femeninos aseguran que el estado de Carolina del Sur mutiló a su hijo cuando eligió un género y decidió quitarle sus genitales masculinos.

La cirugía se produjo cuando el niño, bajo la tutela del estado, tenía 16 meses, según la demanda presentada por los padres contra tres médicos y varios miembros del Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur.

El padre biológico del bebé lo había abandonado y la madre biológica del bebé había sido considerada incapaz por las autoridades. La decisión, entonces, fue tomada por otros.

El niño, hoy de 8 años, se siente varón y “quiere ser un chico normal”, dijo Pamela Crawford, su madre adoptiva.

“Con una identidad cada vez más masculina, ha sido muy difícil asimilar la idea de que fue mutilado”, dijo Pamela en un video publicado por el Southern Poverty Law Center.

“No existen razones médicas para que la decisión haya sido tomada en aquel momento”, agregó.

Marilyn Matheus, vocera del Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur, indicó que la agencia no se pronunciará sobre la demanda.

Entre los acusados también aparecen médicos de la Universidad Médica de Carolina del Sur y del hospital Greenville Memorial.

[sws_blue_box box_size=”580″] Asignada como una niña, pero identificado como un niño [/sws_blue_box]

El niño se niega a ser visto como una mujer y vive como un varón. Su identidad es apoyada por su familia, amigos, escuela, pediatra y líderes religiosos.

“Dejamos que se guíe por sus instintos”, dijo John Mark Crawford, el padre adoptivo.

Pamela sostuvo que la cirugía de asignación de género le robó a su hijo la posibilidad de decidir por sí mismo.

“Jamás hubiera tomado una decisión sobre su género”, dijo.

La demanda asegura que los médicos del hospital y los trabajadores de la agencia estatal “decidieron remover sus tejidos genitales y reestructurar sus órganos reproductivos para que parezca una mujer”.

Según la demanda, la operación habría violado la Decimocuarta Enmienda, que prevé que ningún estado podrá “privar a nadie de la vida, la vida o la libertad sin el debido proceso legal”.

La familia pide un resarcimiento por daños y perjuicios por una suma que será determinada en el juicio.

Pero el padre adoptivo dijo que el verdadero objetivo de la demanda “es defender principios constitucionales y la integridad del cuerpo humano”.

“No quiero que esto le suceda a más niños”, aseguró Pamela.

(CNN)