La medida es para garantizar los daños que ocasione, así como los gastos médicos; son parte de las reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
La Cámara de Diputados acordó sancionar con una multa de 20 a 40 días de salario mínimo a los conductores de los vehículos que no cuenten con un seguro que garantice a terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus bienes y personas, y los cuales transiten en vías, caminos y puentes federales.
Con 406 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones, se aprobaron reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en donde se precisa que en caso de sanción, el propietario del vehículo tendrá 45 días naturales para la contratación de la póliza de seguro, misma que presentada ante la autoridad recaudatoria para que le sea cancelada su infracción.
En el dictamen a la minuta se argumenta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas establecerán las reglas para la operación del seguro y procurará que sea accesible económicamente y se encuentre disponible para su contratación.
Se aclara que la contratación de este seguro no exime del cumplimiento de la responsabilidad de concesionarios de caminos y puentes y de los que cuenten con permiso o autorización para prestar servicios de autotransporte de pasajeros, turismo o de carga.
Con estas reformas, se afirma, se obliga a los vehículos que transiten en vías, caminos y puentes federales a contar con un seguro que garantice a terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus bienes y personas por la conducción del vehículo.
La obligatoriedad de la contratación de un seguro que garantice tanto la asistencia médica, como el pago de los daños que se pudieran ocasionar por un accidente vehicular en carreteras federales, fortalecerá la seguridad en esas vías y acotará los efectos dañinos en la infraestructura carretera, pero, sobre todo, dará seguridad a quienes actualmente se encuentran desprotegidos, ya que en la actualidad sólo en uno de cada cuatro casos, el causante del accidente puede cubrir los daños.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Transportes, diputado Juan Carlos Muñoz Márquez (PRI) expresó que México cuenta con una extensa red de caminos; más de 364 mil kilómetros de carreteras, pero sólo 8 mil 400 de ellos son de cuota, por lo tanto nada más esos cuentan con un seguro de daños a terceros.
En el país, dijo, se tiene registrado un parque de más de 26 millones de vehículos automotores, y solamente 45 de cada 100 unidades tienen seguro, cuando menos contra daños a terceros.
México, afirmó, representa un rezago en materia de cultura de seguros, mientras que en países como Chile se destina el 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto y Gran Bretaña alcanzan el 15 por ciento, en nuestro país, sólo es el 1.8 por ciento del PIB. “Esto representa una baja inversión en los seguros”.
Juan Carlos Muñoz señaló que en América los únicos países que no tienen esta obligatoriedad son Cuba y México. “Somos los únicos países en donde no es obligatorio contar con un seguro contra daños a terceros. De ahí la gran trascendencia de esta reforma”.
Hizo votos para que esta legislación no se quede en carreteras federales, sino que los estados asuman esta responsabilidad. “Queremos que sea obligatorio en todos los gobiernos locales; que en cada estado se legisle el tema para que yo, cuando circule en mi vehículo, sepa que mi patrimonio está asegurado si algún tercero me puede golpear o dañar mi patrimonio”.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (Movimiento Ciudadano) resaltó que México es de los pocos países en América Latina cuya legislación no contempla la obligación de contar con un seguro que resguarde no sólo los bienes patrimoniales, sino otorgue asistencia médica e integridad a las personas que transitan por las carreteras del país.
Destacó que nadie puede estar en contra de una reforma de esta índole, sin embargo, hay que revisar los artículos transitorios que hablan de un plazo de 180 días, hasta que la Comisión de Seguros y Fianzas emitan el dictamen correspondiente y lo publique en el Diario Oficial de la Federación.
“Todavía falta mucho y quedan otros aspectos que no quedan claros dentro de esta reforma. Tenemos que ser muy puntuales en el seguimiento de que los protocolos de actuación de la Policía Federal sean estrictos para evitar situaciones de abuso o de extorsión”, agregó.
El dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte, se mandó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Terra. 05 Abril 2013