El senador perredista Mario Delgado presentó una iniciativa tendiente a que los estados y municipios logren “un financiamiento sano y desarrollo con equidad, capaz de reaccionar ante los ciclos económicos nacionales e internacionales”.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) expuso la necesidad de que en el texto constitucional se establezcan los principios de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera como obligación de los tres niveles de gobierno.
En entrevista, Mario Delgado detalló su proyecto de reforma a artículos constitucionales y legales relativos a la deuda de estados y municipios, así como su regulación y sanciones relativas.
En la iniciativa se proponen sanciones en el Código Penal a representantes gubernamentales y de los bancos que falseen u oculten información para la contratación de créditos.
También a quienes no paguen un empréstito sin causa justificada y a quienes no reestructuren el crédito para no caer en condiciones de impago. Se establece que los representantes de las instituciones de crédito serán corresponsables de esas acciones ilegales.
En la exposición de motivos se diagnosticó “un modelo de relación fiscal agotado” con reconocimiento de conductas inadecuadas de funcionarios públicos, abusos de las instituciones de crédito, una ley insuficiente y falta de dinamismo de la banca de desarrollo.
Además se detectó carencia de transparencia en la información y ausencia de un marco general que lleve a las entidades federativas al equilibrio presupuestal y a la sustentabilidad financiera que requieren, con el enfoque de corresponsabilidades de los actores públicos y privados involucrados.
Mario Delgado planteó que a partir de la crisis económica de 2008-2009 las finanzas públicas subnacionales “han tenido una evolución negativa” y para 2012 la recaudación federal participable “se encontraba aún 0.8 por ciento por debajo de 2008”.
Esa situación, dijo, explica el acelerado crecimiento de la deuda de estados y municipios que asciende a 406 mil 764 millones de pesos, tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a septiembre de 2012.
En concreto la iniciativa propone el derecho constitucional a la rendición de cuentas del gasto público, un Registro Nacional de Deuda y un informe de la banca a la CNB sobre los créditos a estados y municipios.
De igual forma, que los bancos verifiquen que se cuente con la autorización de los congresos para la contratación de la deuda y las entidades acreditadas hagan pública la fuente de pago y las condiciones del crédito, tasa, plazo y garantías, entre otros.
Plantea la creación de la Comisión Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera que estará integrada por autoridades y representantes de la federación, estados y municipios.
Esa entidad establecería criterios para una evaluación adecuada del potencial y los riesgos, elaborará medidas para reaccionar de forma anticipada ante los ciclos económicos y evaluará planes de mediano y largo plazo para reactivar su equilibrio presupuestal.
Se propone que los funcionarios públicos que hagan un manejo indebido de los recursos federales, locales y aquellos provenientes de empréstitos, además de las sanciones penales y administrativas consideradas en la normatividad, podrán ser sujetos de juicio político.
En la iniciativa se plantea que la Secretaría de Hacienda impulse la reestructuración de deudas siempre y cuando hayan sido autorizadas por los Congresos, tengan como garantías las participaciones federales y cuenten con un claro destino del financiamiento. También se exigirá un plan de reequilibrio financiero. México, 15 Feb. (Notimex)