El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, exhortó a la ciudadanía en general a fortalecer la cultura de la denuncia.
Al participar en el panel Derechos Humanos y Trata de persona. Una Mirada desde el Género, organizada por la Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios (Femac), reiteró la importancia de denunciar.
Consideró que los esfuerzos a escala mundial son insuficientes para erradicar la trata de personas, y que en nuestro país es necesaria la coordinación de los tres niveles de gobierno con la participación de la sociedad civil.
“Nuestra cultura de denuncia, tanto de la violación de derechos humanos como la comisión de delitos es mínima, hace falta fortalecerla”, destacó.
Añadió que México ha generado acciones y mecanismos, instituciones diversas en todos los estados y a nivel federal para generar y facilitar la denuncia, para que con ello se pueda combatir el crimen y sobre todo el delito de trata de personas.
Sin embargo, advirtió que aún falta crear más acciones y conciencia para que todos, autoridades y ciudadanos, conozcan sus obligaciones.
Recordó que muchas violaciones a los derechos humanos por parte de servidores públicos se cometen por el desconocimiento de leyes y tratados en esta materia.
Aclaró que la CEDHJ no tiene competencia para crear un programa con el fin de abatir la trata de personas, pero sí está comprometida a llevar programas de capacitación a instituciones públicas y privadas en torno a este tema y otros no menos importantes.
El ombudsman jalisciense también habló de la importancia que tienen los tratados internacionales que México ha suscrito en materia de defensa de los derechos humanos pero destacó especialmente dos que tienen que ver con la defensa de género.
“La Convención para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do Pará, que tienen peso constitucional en nuestro país”, dijo.
Resaltó la recientemente promulgada Ley General de Víctimas y la reforma constitucional de junio de 2011, que involucra sin excepción a servidores públicos de los tres niveles de gobierno a defender y promover los derechos humanos.
“El eje rector de cualquier función pública en nuestro país es el respeto de los derechos humanos, una obligación que ahora compartimos no nada más los que trabajamos en la defensoría pública de los derechos humanos, sino todos los servidores, de todos los niveles, sin excepción”, apuntó.
Guadalajara, 15 Ago. (Notimex).