El presidente Barack Obama debe cerrar la prisión de Guantánamo, liberar a los 166 detenidos que aún aloja y ofrecerles un juicio justo, tal como prometió cuando en 2009 accedió a la presidencia de Estados Unidos, urgió hoy Amnistía Internacional (AI).
“La pretensión de que Estados Unidos es un campeón de los derechos humanos no puede sobrevivir a las detenciones de Guantánamo”, indicó Rob Freer, investigador de AI para este país, en un informe difundido este martes.
Entre los abusos que implica Guantánamo, AI destacó los juicios militares y la ausencia de rendición de cuentas y de remedios por abusos previos, que incluyen crímenes de tortura y desaparición forzada.
Tras casi 11 años de que fuera transferido el primer detenido al centro de detención de Guantánamo, en la base militar estadunidense en Cuba, aún se encuentran ahí 166 detenidos. A la gran mayoría de los 779 hombres llevados ahí desde 2002 nunca se les presentó cargos ni se les inició juicio.
El informe recordó que luego de acceder a la presidencia en su primer término, Obama prometió cerrar la prisión de Guantánamo en un lapso de un año, y ordenó que la Central de Inteligencia (CIA) suspendiera las técnicas de interrogación que supusieran maltratos físicos en sitios secretos, sin embargo, el presidente aceptó el paradigma unilateral y fallido de la “guerra global” y permitió las detenciones indefinidas como parte de este concepto, criticó AI.
En 2010, el gobierno federal anunció que 48 hombres de los detenidos en Guantánamo no podían ser ni procesados ni liberados, y que serían mantenidos indefinidamente en prisión, sin cargos y sin juicios. Impuso también una moratoria para detenidos originarios de Yemen, y expresó que 30 presos de ese país no podrían ser repatriados o liberados por las “actuales condiciones de seguridad” en territorio yemení.
Pese a que Obama ha culpado al Congreso por su incapacidad para cerrar Guantánamo, AI subrayó que apenas el 2 de enero pasado, el presidente firmó la Autorización Nacional de Defensa, que pone obstáculos para la clausura de este centro de detención.
“El derecho internacional no permite que diferentes ramas de gobierno esquiven sus responsabilidades legales echándose la culpa entre ellas. El fracaso de un país para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos no puede ser legitimada al culpar leyes o políticas internas”, enfatizó Freer. (Notimex)