Los juzgadores tienen la obligación de interpretar la ley en favor de las personas para tutelar sus derechos fundamentales, coincidieron en señalar magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al participar en la Feria Internacional del Libro 2014 comentaron que mediante la difusión de la cultura democrática, los tribunales constitucionales proporcionan a la ciudadanía las herramientas necesarias para ejercer y hacer valer sus derechos, entre ellos los político-electorales.
El magistrado Constancio Carrasco Daza manifestó que los juzgadores han dado pasos sólidos y firmes para consolidar, desde el orden constitucional, el sistema de la carrera judicial, teniendo como presupuestos del debido proceso la independencia e imparcialidad con la que deben actuar al emitir sus sentencias.
Indicó que la independencia e imparcialidad ya forman parte de los criterios para el ingreso, ascenso y ratificación de los jueces, quienes además deben ser íntegros, idóneos, excelentes, competentes y prudentes para garantizar la correcta aplicación de la justicia.
“Los jueces deben pasar el tamiz de legalidad”, sostuvo el magistrado, al participar en la mesa redonda “Sentencias comunitarias en el debido proceso”.
Explicó que el debido proceso es un control que se impone el Estado en sus diferentes niveles, federal, estatal y municipal, así como en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que sus facultades tengan límites y no se violen las garantías individuales.
Carrasco Daza aseguró que en la actualidad se vive una revolución en el orden jurídico mexicano, por lo cual los tribunales deben estar a la altura para enfrentar los nuevos retos en materia de interpretación del debido proceso sustantivo y adjetivo.
Durante su intervención como moderador en esta mesa, Felipe de la Mata, secretario general de Acuerdos del TEPJF, dijo que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos el debido proceso es la piedra angular en el sistema de protección de las garantías individuales y es por excelencia un requisito para la existencia de un Estado de derecho.
A su vez Daniel Cabeza de Vaca Hernández, consejero de la Judicatura Federal, consideró que el debido proceso es una garantía esencial de los ciudadanos, sin embargo en el medio jurídico no está lo suficientemente definido, pues faltan las reinterpretaciones necesarias para que los gobernados ejerzan a plenitud ese derecho.
Para Santiago Corcuera Cabezut, miembro del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México se ha fortalecido el concepto del juez natural con las sentencias emitidas por los juzgadores.
Lo anterior, dijo, ha dado como resultado una revolución del orden jurídico a favor de la protección del titular de los derechos, en este caso el hombre y la mujer.
En otro contexto, el magistrado Salvador Nava Gomar subrayó que el derecho está en las sentencias, por lo cual los jueces deben justificar sus determinaciones en el orden jurídico vigente para garantizar la paz social.
“La función del juzgador es fundamental en el seno del Estado y un tribunal constitucional no debe perder de vista ese elemento al desempeñar su tarea judicial y pública”, agregó.
Durante la presentación del libro “Sentencias relevantes de Cortes Extranjeras Sauvé v. Canadá”, aseguró que la tarea primordial de cualquier tribunal democrático es difundir la cultura republicana.
Esta obra representa un magnífico pretexto para recordar que hay varias normas que se deben actualizar para acrecentar la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, puntualizó.
Citó que en las sentencias del TEPJF están presentes los elementos jurídicos encaminados a garantizar la tutela efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución, así como en los tratados y organismos internacionales.
El magistrado Nava Gomar expresó que los tribunales deben ver lo que hacen otros para desempeñar mejor su función jurisdiccional.
Al hacer uso de la palabra Rodrigo Díez Gargari, profesor investigador de la Universidad Libre de Derecho, puntualizó que los jueces son actores políticos, pues muchas de sus decisiones tienen un impacto social, por ello sus criterios deben ser muy abiertos para lograr la legitimación democrática.
Gabriel Pérez Pérez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que para construir una democracia se debe garantizar el derecho fundamental a votar y ser votado, en virtud de que mientras más personas puedan participar en la elección de sus autoridades, se otorga mayor legitimidad al régimen político.
Más adelante la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa indicó que a diferencia de hace algunas décadas, cuando los jueces debían limitarse a aplicar la ley, en el mundo jurídico actual los juzgadores están obligados a interpretar las leyes a favor de las personas y sus derechos fundamentales.
México, 1 Abr. (Notimex).