Varias ONG mexicanas llevan a la CIDH casos de mujeres que tuvieron a sus hijos en condiciones inhumanas por falta de atención médica

La imagen de Irma López dando a luz a su bebé sobre un prado frente a un hospital fue el primer aviso. México amaneció un sábado del pasado octubre con la fotografía del recién nacido sobre la hierba aún unido a su madre por el cordón umbilical. Redes sociales, diarios y televisiones de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Los médicos que atendieron a Irma, una indígena mazateca del estado mexicano de Oaxaca, se negaron a ingresarla y la mujer se vio obligada a parir sola en la calle. En los últimos seis meses otras siete mujeres han tenido a sus hijos en malas condiciones pese a encontrarse en centros médicos de este Estado al sur del país.

El patrón suele repetirse. Se trata de mujeres indígenas de comunidades apartadas que llegan a hospitales o centros de salud de noche o al alba. Las respuestas del personal médico son diversas: que no hay camas, que no hay médicos o que se vayan a casa porque el nacimiento no es inminente. Hay niños que han llegado al mundo en el suelo de la sala de espera, en el baño del hospital o en un coche a la entrada de urgencias. Parecen historias de otro siglo, pero hay un hecho que recuerda que estamos en 2014: en casi todos los casos había un teléfono móvil cerca. Ese afán actual por grabarlo o fotografiarlo todo ha servido como motor de denuncia, aunque el resultado sea exponer al público un momento que debería haber sido íntimo. Una búsqueda en el portal de vídeo Youtube (parto en oaxaca) es la prueba.

Varias ONG interpelarán este jueves a una delegación del Gobierno mexicano en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. Regina Tamés, directora de la organización GIRE (Grupo de Información en reproducción elegida), será una de las ponentes. “Tendrán que escucharnos y responder. Utilizaremos el caso de Irma, cuya imagen dio la vuelta al mundo, para visibilizar el resto”, ha dicho Tamés a EL PAÍS. El escándalo llega a un organismo internacional después del goteo de casos que se recogen al menos una vez al mes en la prensa. De hecho, han tenido que conocerse nueve partos en la calle para que se empiece a ver movimientos políticos. Este mes, con dos nuevos casos, el Senado mexicano ha exigido al Gobierno de Oaxaca un informe sobre las políticas públicas y los programas para garantizar a las mujeres indígenas servicios de salud apropiados.

Oaxaca es la tercera región más pobre del país y tiene un 30% de población indígena. La mayoría vive en comunidades muy dispersas a lo largo de los casi 100.000 kilómetros cuadrados que ocupa la región. “En Oaxaca hay zonas muy marginadas y de difícil acceso”, dice por teléfono el doctor Genaro Villalobos, secretario del sindicato independiente de la salud (Sityps). Explica que los problemas en la atención son resultado de “la violación de derechos laborales” de los trabajadores y de la escasez de personal médico.

Según datos de su sindicato, de los 20.000 profesionales de la salud que hay en el Estado, 7.000 tienen un tipo de contrato por el que solo perciben la mitad de un sueldo completo. “La gente se acaba deprimiendo y no presta una buena atención”, dice. El sueldo base de un médico en la zona son 12.000 pesos (algo más de 900 dólares). Los que cobran la mitad a veces se ven obligados a trabajar doble jornada en centros diferentes.

A las malas condiciones laborales se suma la escasez de personal. Varios de los hospitales a los que llegaron las mujeres embarazadas por la noche estaban cerrados. “La autoridad ha limitado mucho el personal en los hospitales, la excusa es que no hay dinero para cubrir las plantillas completas. Pero si no hay médicos en los turnos nocturnos obligan a las mujeres a aliviarse fuera del hospital”, razona el doctor.

El Gobierno de Oaxaca, ante el aluvión de críticas, ha anunciado una inversión de 7,2 millones de pesos (550.000 dólares) para la apertura de 50 salas de parto en el Estado. La primera se inauguró en Huajuapan de León el pasado mes de febrero, apenas una semana después de que Nancy Salgado, de 21 años, tuviera a su bebé fuera del hospital del lugar porque, según testigos, en la ventanilla de admisiones le dijeron que no tenían camas posibles. Una vez que el video del nacimiento del pequeño se colgó en Youtube, las autoridades sanitarias del Estado cesaron al director del centro.

En otros casos, la desatención ni siquiera fue considerada una falta. En el hospital en el que Irma López y Cristina López, indígena mazateca que parió en el exterior en julio de 2013, el personal médico fue exonerado por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, que concluyó que “no hay negligencia porque son eventos fortuitos que salen de la competencia”.

Pero no se trata solo de Oaxaca. La organización GIRE expondrá este jueves ante la CIDH que desde el caso de Irma, el pasado octubre, hay constancia de 16 partos en situaciones inhumanas por falta de atención médica en todo el país. El documento que presentarán ante la Comisión cuestiona que “el Estado se limita a destituir a los directores y médicos en lugar de implementar medidas de no repetición de los hechos”. Medidas que impidan que haya más mujeres que vean nacer a los suyos como lo hicieron Ruth, Irma, Nancy, Oricel, Cinthia, Yeimi, Juana, Cristina y Laura en Oaxaca.

Fuente: El País