El Consejo General del IFE discutirá en su última sesión del año el lunes 16 de diciembre, 21 medidas de austeridad propuestas por la Junta General Ejecutiva, luego del recorte de 500 millones de pesos que autorizó la Cámara de Diputados al monto original solicitado para 2014 de 12 mil 333 millones de pesos.
De acuerdo con el proyecto de ajuste de presupuesto los consejeros, así como mandos medios y superiores, verán disminuidos sus viajes nacionales, a fin de generar ahorros en viáticos, pasaje y gasolina y se propone que las reuniones de trabajo se «celebren haciendo uso de medios electrónicos».
La consejera presidenta provisional del Instituto Federal Electoral (IFE), María Marván, y los consejeros Marco Antonio Baños, Lorenzo Córdova y Benito Nacif, discutirán y votarán por la reducción en erogaciones por concepto de gastos de orden social.
Asimismo de congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, simposios o cualquier otro tipo de foro o evento análogo.
También prevén cancelar el Programa de Infraestructura Inmobiliaria, para lo cual se tenía contemplado erogar 264 millones 999.999 pesos, así como el programa de modernización y mantenimiento de las instalaciones del Salón de Sesiones, presupuestadas en seis millones 801 mil 962 pesos.
De acuerdo con el texto de 12 cuartillas, el IFE hará «ajustes» por un monto de 140 millones de pesos en el denominado Capítulo 1000 relativo a servicios personales, y en el Capítulo 3000 relativo a las Partidas Centralizadas de Oficinas Centrales, recortará 140 millones de pesos.
De tal suerte que para dar tranquilidad a la planta laboral, se establece que no habrá recorte de personal, solamente se congelarán las plazas vacantes y se cancela el incremento salarial en términos reales para mandos medios y superiores.
De igual manera para personal de enlace, por lo que los incrementos que, en su caso se otorguen, tendrá exclusivamente como objetivo mantener su poder adquisitivo.
Entre otras de las medidas obligatorias de racionalidad y disciplina presupuestaria que serán puestas a consideración del Consejo General en su próxima sesión, se encuentran promover el arrendamiento de vehículos para eficientar el gasto.
De ahí que sólo se realizará su adquisición cuando resulte indispensable para atender los servicios institucionales y por reposición de los que resulten siniestrados.
Además, se realizará la adquisición o contratación en forma consolidada de mobiliario, materiales y suministros; servicios, incluyendo telefonía, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, fotocopiado, vigilancia, boletos de avión, vales de despensa y medicamentos, entre otros.
Siempre y cuando se asegure la obtención de ahorros y de las mejores condiciones para el Instituto en cuanto a disponibilidad, calidad, precio y oportunidad.
Con estas acciones, el IFE busca mantener los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez previstos en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado que su presupuesto para 2014 se ubica en siete mil 789.8 millones de pesos, más los cuatro mil 44 millones de pesos destinados a los partidos políticos por concepto de prerrogativas, los cuales no sufrieron recorte alguno.
El Instituto prevé aplicar otras acciones para fomentar la eficiencia energética y el ahorro en el consumo de agua en sus oficinas.
También garantizar que ningún servidor público reciba emolumentos extraordinarios, sueldos, compensaciones o gratificaciones por participar en consejos, órganos de gobierno o equivalentes, comisiones, comités técnicos de fideicomisos públicos o análogos a ésta figura.
Durante el ejercicio fiscal 2014 tampoco podrán realizarse ampliaciones de recursos al concepto de gasto correspondiente a servicios de comunicación social y publicidad, salvo cuando se trate de mensajes para atender situaciones de carácter contingente, o prioritario.
En torno a los programas y campañas de comunicación social, se buscará que en los tiempos oficiales correspondientes al Instituto sólo podrán destinarse a actividades de difusión, información o promoción de programas y acciones de las unidades responsables, así como a las actividades análogas que prevean las disposiciones aplicables.
Por lo que las unidades responsables no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago a favor, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás actividades en materia de comunicación social.
Además, las erogaciones realizadas en materia de comunicación social se acreditarán con órdenes de transmisión, en las que se especifique la tarifa convenida, conceptos, descripción del mensaje, destinatarios, cobertura y las pautas de difusión en medio electrónicos.
«Las unidades responsables, previo a la contratación de servicios de producción, espacios en radio y televisión comerciales, deberán atender la información de los medios sobre cobertura geográfica, audiencias, programación y métodos para medición de audiencias, así como su capacidad técnica para la producción, postproducción y copiado», destaca el texto.
Mientras que la Coordinación Nacional de Comunicación Social contratará los diferentes espacios en los medios de comunicación, de las diversas campañas de difusión que realicen los órganos institucionales en el ámbito de sus respectivas competencias.
El gasto en comunicación social aprobado en este presupuesto deberá destinarse, al menos, en cinco por ciento a la contratación en medios impresos, conforme a las disposiciones aplicables, puntualizó.