El Parlamento Europeo (PE) pidió hoy a la Unión Europea asegurar que los programas financiados por sus instituciones en terceros países no perjudiquen los derechos humanos, sociales o medioambientales.
En una resolución sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, los parlamentarios defendieron la necesidad de analizar el impacto social, medioambiental y en el ámbito de los derechos humanos de los proyectos apoyados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) o por créditos a la exportación concedidos por agencias europeas.
También destacaron la importancia de que las empresas europeas garanticen que sus actividades respeten las normas de derechos humanos cuando se desarrollen fuera de la Unión Europea (UE).
El texto recuerda las acusaciones que pesan contra algunas empresas europeas de colaborar con regímenes autoritarios, especialmente en el comercio de mercancías sensibles, como el de tecnologías de la información y la comunicación.
Al mismo tiempo, pide a la UE que establezca una política de sanciones “eficaz” contra todos los regímenes que utilizan métodos represivos contra los civiles, que siga apoyando activamente a los defensores de los derechos humanos y que refuerce la protección de los denunciantes y periodistas de investigación.
“El respeto por la democracia y los derechos humanos debe ocupar un lugar prioritario en todos los ámbitos de las relaciones de la UE con sus socios exteriores”, señaló.
La estrategia europea en ese sentido debe estar acompañada de criterios de referencia para medir su éxito y extraer “conclusiones políticas claras” cuando no alcance los resultados esperados, afirmaron los diputados.
La Eurocámara aprovechó el contexto para pedir a la jefa de la diplomacia comunitaria, Catherine Ashton, que impulse junto a las Naciones Unidas (ONU) la creación de un “comité de investigación internacional e independiente” para aclarar las circunstancias de la muerte del disidente cubano Oswaldo Payá.
El activista, galardonado en 2002 con el Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia, falleció en julio de 2012 en un accidente de coche considerado sospechoso por su familia.
Los diputados europeos señalaron en su resolución que la represión sigue existiendo en la isla y periodistas independientes y activistas de los derechos humanos “siguen siendo sentenciados por falsos cargos o retenidos en prisión preventiva”.
Bruselas, 11 Dic (Notimex).-