La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó hoy el pedido realizado por el gobierno de Cristina Fernández para definir la constitucionalidad de la Ley de Medios que es impugnada por el Grupo Clarín.

El máximo órgano de justicia también confirmó la validez del amparo que le permite al mayor grupo multimedios de este país sudamericano seguir sin cumplir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue aprobada hace tres años.

De esta manera, la decisión vuelve a la Cámara Civil y Comercial, la cual ha sido denunciada por el gobierno por un presunto favorecimiento a Clarín.

La semana pasada, el ministro de Justicia, Julio Alak, solicitó a la Corte, en nombre del gobierno, que definiera la constitucionalidad de la Ley de Medios para poner fin a un largo litigio judicial.

Aunque la Corte optó por regresar el caso a la Cámara Civil y Comercial, de cualquier manera tendrá que dar en algún momento la última palabra, porque sea cual sea el fallo de este órgano, la decisión será impugnada.

Si la Cámara considera que la Ley de Medios es constitucional, Clarín apelará el fallo ante la Corte Suprema, lo mismo que hará el gobierno en caso de que concluya que es inconstitucional.

De hecho, a pesar de que el conflicto aún se dirime en tribunales, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, ya notificó al multimedios que en un plazo de 100 días quedará desmantelado.

Sabatella precisó que el gobierno tasará las licencias y los bienes de Clarín, luego seleccionará cuáles se deben licitar, realizará un concurso público y finalmente se traspasarán a otras firmas.

Esto significará la reestructuración del Grupo Clarín, ya que deberá ceder cientos de licencias de radio y televisión, así como elegir entre el servicio de televisión por cable o sus canales de televisión abierta, porque ya no podrá tener todo.

El conflicto legal comenzó hace tres años, cuando el Congreso aprobó por mayoría, incluidos votos opositores, una Ley de Medios orientada a combatir los oligopolios, en particular la hegemonía mediática de Clarín.

La ley establece que ninguna firma podrá controlar más del 35 por ciento del mercado audiovisual, pero Clarín controla el 41.8 por ciento de las licencias de radio, el 78 por ciento de la televisión abierta y el 59 por ciento del cable, lo que rebasa el tope legal. (Notimex)