El Departamento de Justicia ya no buscará sentencias mínimas obligatorias para “ciertos delitos sobre drogas de bajo nivel, no violentos”, dijo el secretario de Justicia, Eric Holder, en un discurso este lunes.
Holder dijo al Colegio de Abogados de Estados Unidos en San Francisco que la justicia de su país no debería dejar de ser dura con el crimen, pero señaló que si bien el país tiene una “fría eficacia” en encarcelar a los delincuentes, “no puede limitarse a enjuiciar o encarcelar” para hacer a la nación más segura.
Anunció que ciertos “delitos de drogas que no tienen vínculos con organizaciones de gran escala, pandillas o cárteles ya no serán acusados de delitos que imponen penas mínimas obligatorias draconianas”.
Ahora “serán acusados de delitos por los que las sentencias que los acompañan son más adecuadas para su comportamiento individual, en lugar de penas de prisión excesivas más apropiadas para los criminales violentos o capos de la droga”.
La disminución de la utilización de sentencias mínimas obligatorias —sentencias que imponen un castigo de “talla única para todos” los condenados por delitos federales y estatales— podría marcar el final de la era mano dura contra el crimen que comenzó con las estrictas leyes antidrogas de 1970 y se aceleró con penas de prisión mínimas obligatorias y las llamadas leyes de tres strikes.
Holder calificó este tipo de sentencias como “draconianas”, “contraproducentes” y “excesivas”.
También vinculó el cambio a al aumento de los presupuestos estatales. Holder dijo que en última instancia esta medida ahorrará millones de dólares a Estados Unidos.
“Aunque el encarcelamiento tiene un papel que desempeñar en nuestro sistema de justicia, el encarcelamiento generalizado a nivel federal, estatal y local es ineficaz e insostenible e impone una carga económica importante. Un total de 80,000 millones en 2010 solamente, y viene con costos humanos y morales que son imposibles de calcular “, dijo Holder.
En 2009, los costos federales, estatales y locales por encarcelamientos llegaron a 83,000 millones dólares.
El gobierno espera que la medida también aborde las disparidades raciales en la población carcelaria estadounidense, de los cuales las minorías étnicas son mayoría.
Dijo que el país “tiene que enfrentarse a la realidad” que una vez que “la gente de color” se encuentran en el sistema de justicia penal, “a menudo se enfrentan a castigos más severos que sus compañeros”. Lo llamó “inaceptable”, “vergonzoso” y “indigno” de la tradición legal de su país.
El presidente Barack Obama hizo referencia a algunas de estas cuestiones en declaraciones después del veredicto del caso Trayvon Martin el mes pasado, dando voz a las preocupaciones de afroamericanos que “hay un historial de disparidades raciales en la aplicación de nuestras leyes penales, de todo, desde la pena de muerte a la aplicación de nuestras leyes sobre las drogas”.
Aunque los funcionarios del gobierno de Obama dicen que los cambios que se están llevando a cabo no requieren la aprobación del Congreso, algunos legisladores se han unido para impulsar cambios en la justicia penal.
El senador demócrata Patrick Leahy y el senador republicano Rand Paul han trabajado juntos para permitir que los jueces se aparten de las sentencias mínimas obligatorias cuando las circunstancias lo ameritan.
El senador demócrata Richard Durbin y el senador republicano Mike Lee han emprendido esfuerzos similares.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles elogió el enfoque de Holder este lunes, diciendo que era un paso importante para poner fin al hacinamiento en prisiones federales y la creación de un “sistema de justicia penal más justo”.
Laura Murphy, directora de la oficina legislativa de Washington de esa organización, dijo en un comunicado de prensa, sin embargo, que aunque el anuncio de Holder “es un primer paso importante”, el Congreso debe actuar para cambiar las leyes que “encierran a cientos de miles de estadounidenses injusta e innecesariamente”.
CNN