Un juez federal concedió tres amparos, que no conceden libertad, para Elba Esther Gordillo, exlíder del sindicato magisterial y dos coacusados de delitos federales, debido a las “imprecisiones” en las denuncias en su contra que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) tras su detención.
La PGR no fundamentó ni presentó los motivos de las denuncias correctamente en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, este último cargo también con “deficiencia técnica en la integración de la averiguación previa”, informó el Consejo de la Judicatura Federal en un comunicado.
Se trata de “una resolución que no implica la libertad de la procesada ni la de sus coagraviados” dictada por el juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo en contra de Gordillo, José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez.
En el delito de “violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”, el juez consideró que la denuncia “carecía de los requisitos de forma” que señala el artículo 16 de la Constitución, el cual indica el procedimiento para que las autoridades detengan a una persona.
“Dadas las imprecisiones y características de dicho ilícito en cuanto a sus elementos, así como la precisión de la conducta atribuida a cada uno de los indiciados en lo que atañe a las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del ilícito”, el juez concedió uno de los amparos.
Por el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, el juez consideró que la PGR no presentó adecuadamente los motivos e hipótesis delictivas de cómo actuó cada uno de los acusados, una cuestión “de fondo” para el seguimiento del juicio.
“Es decir, en ambos casos el amparo se concedió por indebida fundamentación y motivación, lo que, se insiste, no implica que el juez de proceso en cumplimiento a la sentencia amparadora, tenga que dictar auto de libertad”, dijo el CJF.
Además, en el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita” la fiscalía federal no cumplió con el procedimiento correcto de denunciar malos manejos financieros ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que esta dependencia procediera en contra de los tres acusados.
Gordillo fue detenida el 26 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Toluca por agentes de la PGR bajo cargos de desvío de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del cual era dirigente.
Junto a Díaz Flores y Gallardo Chávez, la que fuera una influyente dirigente sindical y política ha permanecido desde entonces en un reclusorio del Distrito Federal donde enfrentan un juicio por el desvío de unos 2,600 millones de pesos de las cuotas sindicales de los profesores.
Fuente: CNN México