México, 23 Ene. (Notimex).- Luego de un debate que se decidió con la intervención del consejero Sergio García Ramírez, el Consejo General del IFE absolvió a los partidos agrupados en la coalición Compromiso por México de las acusaciones que se habían formulado en relación con el financiamiento de campañas, a través de las llamadas tarjetas Monex.
El caso, que los consejeros reconocieron como el más relevante de los procesos sancionadores derivados de la campaña presidencial, se resolvió con cinco votos en favor y cuatro en contra.
El debate se encendió a partir del proyecto de resolución que presentó la Unidad de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, donde se proponía declarar infundado el proceso administrativo sancionador electoral contra el PRI y el PVEM
Los representantes de los partidos opositores al PRI y los consejeros del Poder Legislativo comenzaron a denunciar presuntas inconsistencias e incongruencias del informe a discusión.
Al principio los consejeros electorales defendieron el exhaustivo trabajo de la Unidad de Fiscalización, y cuando todo parecía indicar que el informe se aprobaría sin mayores problemas, una vez que los participantes expusieron sus consideraciones, el ambiente cambió.
Fue el consejero Alfredo Figueroa Fernández quien hizo notar que si bien el origen de los recursos podría considerarse lícito, porque a fin de cuentas salieron de una cuenta del PRI, el destino final de los mismos no quedó plenamente acreditado.
Ello, expresó, porque las tarjetas Monex fueron innominadas y no había relación entre quienes gastaron los recursos y el personal que contrató el PRI para la jornada electoral.
A esta postura se sumaron los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, Benito Nacif Hernández y María Marván Laborde, quienes se pronunciaron por revertir los resolutivos del informe y declarar fundada la queja.
Esto en razón de que no se acreditaba el destino de los 66.6 millones de pesos que, según encontraron los investigadores, se distribuyeron a través de siete mil 851 tarjetas.
Estos consejeros propusieron dar vista de los resultados de la investigación a las autoridades respectivas, además de que consideraron estos recursos como gastos de campaña para contabilizarlos al momento de revisar los topes de los mismos.
Contra estas propuestas y consideraciones se pronunciaron los consejeros Marco Antonio Baños Martínez y Francisco Guerrero Aguirre, quienes recurrieron a su capacidad argumentativa para intentar defender el informe de la Unidad de Fiscalización.
La consejera electoral Macarita Elizondo hizo una exposición considerativa, pero por falta de tiempo no terminó de aclarar el sentido de su decisión y no volvió a tomar la palabra hasta el momento de la votación.
A lo largo del debate, ni el consejero Sergio García Ramírez ni el consejero presidente Leonardo Valdés Zurita externaron una sola palabra sobre la controversia.
García Ramírez había manifestado su decisión de no participar por ser amigo de algunos de los implicados en este esquema de financiamiento, mientras que Valdés Zurita simplemente porque así lo decidió.
Tras ello llegó al momento de la votación y de manera sorprendente se produjo un empate debido a que los dos votos de Baños Martínez y Guerrero Aguirre se sumaron a los de Elizondo Gasperín y Valdés Zurita.
Antes de que, de acuerdo con el reglamento, se procediera a una nueva votación para buscar eliminar el empate, García Ramírez solicitó la palabra para pedir a sus colegas que manifestaran si en su opinión había algún impedimento para emitir su voto, sin que alguno se negara a ello.
De esta manera se reunieron los cinco votos necesarios para exonerar a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).
Los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron que recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para apelar la decisión del Consejo General del Instituto.
En la sesión de este miércoles, el Consejo del IFE desahogó 12 procesos especiales sancionadores, siete de los cuales venían declarados como infundados y cinco como fundados.
En esta ocasión los procedimientos sancionadores eran todos contra la coalición PRI-PVEM y los cinco declarados fundados, implicaban una multa de poco más de tres millones de pesos para estos partidos.
En sesiones posteriores está previsto el desahogo de las quejas contra las otras coaliciones y partidos.