El ombudsman capitalino, Luis González Placencia pidió que en caso de que se decida implementar un operativo por la toma de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), éste debe darse en el marco del respeto a los derechos humanos.
En entrevista, reconoció sin embargo que la valoración de que intervengan o no las autoridades federales deberá hacerla el rector José Narro, pero confió en que tanto el conflicto de la UNAM como el de la Universidad Autónoma Metropolitana (UANM) se resuelvan en sus propias instancias.
“Dada la importancia que tiene que se haga un operativo limpio, hacemos un llamado para que se tome en cuenta todo lo necesario para respetar los derechos de las personas que eventualmente sean objeto de estas intervenciones”, expresó el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Luego de dar a conocer la convocatoria del Sexto Concurso de Cuento “¿Y si yo fuera una persona refugiada?”, destacó que el organismo apoya cualquier decisión que se tome “para recuperar la paz en los recintos universitarios”.
Empero, González Placencia recordó que la CDHDF no avala ningún acto violento, y que el derecho a manifestarse se pierde cuando existen actos que constituyen delitos.
Interrogado sobre la opinión de diversas organizaciones nacionales e internacionales en el sentido de que la iniciativa del jefe de gobierno, Miguel Angel Mancera, para derogar el arraigo sólo se trata de un cambio de nombre, consideró importante escuchar esas posiciones.
El ombudsman capitalino afirmó que la iniciativa “representa un cambio y un avance respecto a lo que teníamos en el pasado”, pues se reduce el tiempo de la detención y hay mayores controles de la misma.
La figura del arraigo se sustituye por la de “detención con control judicial”, que permite detenciones por cinco días prorrogables por otros cinco.
Sin embargo, admitió que esa nueva figura deberá ajustarse para que cumpla con los estándares internacionales, y que es importante que no se considere como prueba lo que se obtiene mientras la persona se encuentra privada de su libertad.
México, 25 Abr. (Notimex).